INTERNACIONAL | Las rutas de los refugiados, bloqueadas también para los periodistas

20.06.2018 00:00

 

Amenazas, intimidaciones, detenciones, denuncias, negación de permisos, de entrevistas, equipos confiscados, deportaciones… todos ellos métodos usados por algunos gobiernos para obstruir la cobertura mediática de los refugiados.  Reporteros Sin Fronteras examina la crisis humanitaria más grave del S. XXI con motivo del 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados.

 


Cuando el periodista de La República, Alessandro Puglia, publicó su historia, que incluía entrevistas con migrantes que contaban cómo eran “tratados como animales”, pensamos que produciría una investigación a los centros citados en su investigación. 


Las autoridades judiciales se involucraron tras las revelaciones de Puglia, pero teniéndole como objetivo a él. El periodista que había descrito el trato  a los inmigrantes está denunciado por difamación, además de haber sido blanco de insultos y amenazas en las redes sociales. El juicio está previsto para octubre, mientras Puglia califica de “inaceptable” este episodio y “forma legal de intimidación” diseñada para “persuadir a periodistas para que no hagan su trabajo”.

 

En la región de los Alpes, al sur de Francia, en la frontera con Italia, los periodistas que cubren temas de migración se enfrentan a otra “forma legal de intimidación”, la que ejerce la policía. “Es el único tema en el que he encontrado tanto acoso”, afirma el fotógrafo Laurent Carré, corresponsal en la zona para varios medios franceses, incluido Libération, que trata con frecuencia temas relacionados con la policía. 


Carré ha perdido la cuenta del número de veces que ha tenido que mostrar su carné de prensa y reclamar su “derecho a tomar fotografías” de policías y refugiados a “agentes de la policía que me aseguran lo contrario”. En enero de 2017, llegó incluso a ser maniatado y tirado al suelo por la policía en el domicilio de Cédric Herrou, un granjero local juzgado por ayudar a migrantes.  En una ocasión, un agente le reconoció y le dijo: “Señor, le advierto que deje de cubrir estas historias porque va a tener problemas”. 

 


Detenido mientras informaba


El reportero Spencer Wolff sufrió el mismo tipo de problemas, tras pasar varios meses filmando un documental para The Guardian sobre los residentes en el valle de Roya, próximo a la frontera francesa e italiana, que ayudaban a migrantes. Wolff fue retenido en julio de 2017 y pasó 24 horas bajo custodia policial acusado de ayudar ilegalmente a migrantes. “Sabían muy bien que era periodista, pero me interrogaron buscando información sobre Cédric Herrou,” ha contado.

 

Lisa Giachino, editora de L’âge de Faire, pasó diez horas retenida por la policía de frontera (PAF) mientras acompañaba a seis menores eritreos en la región de los Alpes, en enero de 2017. “La policía no cuestionaba el hecho de  que yo fuese periodista cuando me mantuvieron bajo custodia”, escribió en un editorial. “Cientos de soldados, gendarmes, policías y oficiales judiciales están destinadoz en esa región para cazar migrantes y acosar a todos los que los ayuden o únicamente muestren interés en ellos”, concluía el editorial. 


Tras el objetivo oficial de acabar con las mafias de migrantes, “hay un claro deseo de obstruir al periodismo sobre el terreno”, advierte Raphaël Krafft, autor de numerosas historias sobre migrantes en la frontera mediterránea de la ciudad de Ventimiglia, en el bote de rescate Aquarius, en la frontera de los Alpes y la región de Briançon, donde fue detenido en diciembre de 2017 con la reportera suiza Caroline Christinaz.


“Pero no es sólo la polcía la que nos impide trabajar”, alerta Krafft. “También lo hacen las autoridades municipales y las diferentes agencias estatales que no responden a nuestras preguntas”. Tanto en Francia como en Italia, la solicitud de entrevistas con oficiales directamente involucrados en temas de migración, o autorizaciones de acceso a campos de refugiados, nunca tienen éxito. Esto no es nuevo. Como participante de la campaña “Open Access Now”, en 2012, RSF ya llamó la atención sobre el hecho de que los reporteros no tenían acceso a los campos de detención de migrantes en casi toda Europa.


“Nuestras sociedades no pueden prescindir de la cobertura mediática de la crisis migratoria, que está ahora en el centro del debate público en Europa y otras partes”, afirma el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. “Cubrir estas historias no puede ser un delito. ¿Por qué se detiene a los periodistas, se les confiscan los equipos y se les niega el acceso a los centros de detención de refugiados? Los gobiernos tienen el deber y la responsabilidad de no obstruir el trabajo de los periodistas alegando motivos de seguridad y de no promover una visión tan edulcorada de una realidad a menudo tan trágica”. 


 

Informaciones que muestran cómo se incumplen derechos básicos


Informar sobre migrantes “desafía a las autoridades sobre la legalidad de lo que están haciendo”, afirma Krafft. “Abandono criminal, ausencia de asistencia a personas en peligro, negación a reconocer los derechos de los menores… son muy frecuentes en estos límites de la ley”. 


Una realidad confirmada por la reportera Claire Billet y el fotógrafo Olivier Jobard, que cruzaron seis fronteras clandestinamente en 2013 para cubrir el viaje de cinco migrantes de Kabul a Paris. El bote en el que viajaban fue interceptado en Grecia. Se le retiró el motor cuando fueron a aguas turcas”. “Si nos hubiéramos identificado como periodistas nunca habríamos visto cómo los guardias costeros griegos devolvían a refugiados en masa, lo que es ilegal”, explica. 


Cuando Billet y Jobarf fueron posteriormente identificados en la frontera por oficiales turcos, fueron detenidos, multados, expulsados y prohibidos de volver a Turquía en dos años. Cuatro años después, tras un dramático declive de la libertad de información en Turquía, tras el intento fallido de golpe de Estado de 2016, el periodista italiano Gabriele Del Grande terminó iniciando una huelga de hambre para salir de un centro de detención en el que llevaba dos semanas detenido tras intentar cubrir las actividades de los refugiados sirios en la frontera con Turquía. 


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