HUNGRÍA | Organizaciones internacionales piden al Parlamento Europeo una resolución sobre Hungría

28.04.2017 14:52

 

Seis organizaciones internacionales, incluida Reporteros Sin Fronteras, piden al Parlamento Europeo y a las instituciones comunitarias que reaccionen ante la situación de la sociedad civil y los derechos humanos en Hungría. En una carta conjunta, los abajo firmantes destacan el declive de los últimos años de la situación de los derechos fundamentales, la autocensura, y las nuevas iniciativas legales que ponen el peligro el estado de derecho en el país.


25  de abril de 2017,

Estimados miembros del Parlamento Europeo,

PETICIÓN PARA QUE EL PARLAMENTO EUROPEO ADOPTE UNA RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE HUNGRÍA


Dada la situación que atraviesa Hungría, les escribimos para pedirles su intervención activa de apoyo a la sociedad civil, la libertad de prensa, la libertad académica y el estado de derecho y los derechos fundamentales en Europa.


Ataques a universidades independientes y organizaciones de la sociedad civil


Estamos preocupados por los recientes movimientos del gobierno húngaro destinados a estigmatizar y obstruir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y a amenazar a la Central European University. Estos movimientos pueden tener consecuencias negativas para la sociedad húngara, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho en Hungría. Estas acciones son contrarias a los principios fundacionales de la Unión Europea, como contempla el Artículo 2 del TEU.


Estamos especialmente preocupados por el borrador de Ley sobre “Transparencia de las organizaciones que reciben fondos extranjeros” (T/14967), sometido al Parlamento húngaro el 7 de abril de 2017, que actualmente está siendo debatido. Esta ley es innecesaria por la actual existencia de una legislación que ya garantiza la transparencia y la contabilidad de las ONG. Es discriminatoria y busca afectar a algunas organizaciones de la sociedad civil, mientras exime a otras deportivas o religiosas.


La legislación forzaría a las ONG que reciben más de 24.000 euros al año del extranjero a registrarse como “organizaciones civiles que reciben fondos extranjeros”. Ello incluye fondos de la Unión Europea no gestionados por una institución húngara. Las organizaciones que no cumplan la nueva legislación podrían enfrentarse a sanciones que alcanzan incluso su disolución. Presentada como un intento de proteger los intereses húngaros, la ley tendría un efecto contrario. Está creada a imagen de la legislación rusa, ya criticada por la UE y expertos en derecho internacional como una herramienta para silenciar a la sociedad civil independiente. De hecho, estrecha el marco de acción para las organizaciones independientes de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y aportan un valioso servicio a la sociedad. Su aprobación sería más inquietante si cabe en un contexto donde otras formas de vigilancia y control ya se han debilitado en Hungría. 


Las declaraciones oficiales del gobierno húngaro sobre organizaciones de la sociedad civil -incluida la iniciativa “Paremos a Bruselas”- demuestran un claro intento del Gobierno de estigmatizar e intimidar a los grupos independientes que dañan su reputación. La consulta acusa a las ONG internacionales de interferir “en asuntos internos […] de una forma no transparente” y de incitar a los “inmigrantes ilegales […] a cometer actos ilegales”: Además, el proyecto de ley pretende trazar un vínculo entre los fondos internacionales, el terrorismo y las organizaciones de la sociedad civil que operan en Hungría con fondos extranjeros.


Estas organizaciones son parte de la sociedad civil. Garantizar y permitir un contexto en el que pueda desarrollarse la sociedad civil es una obligación bajo la legislación internacional de derechos humanos. Una sociedad civil independiente y vibrante que contribuya a fortalecer el estado de derecho y los derechos humanos es un elemento esencial para el estado de derecho.


Violaciones de los derechos de los solicitantes de asilo y migrantes


Respecto a la migración, las últimas enmiendas a las leyes húngaras de asilo, adoptadas el 7 de marzo, permiten la detención basada sólo en la condición de inmigrantes, para la mayoría de los solicitantes de asilo, incluidos niños menores de 14 años, en las “zonas de tránsito” de las fronteras durante la duración de su proceso de asilo, incluidos los recursos. También permite la expulsión de todas las personas encontradas en una situación irregular en Hungría a la zona exterior de sus fronteras, poniendo en jaque la directriz de recepción de la UE, el derecho internacional de los refugiados, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Suponen un claro riesgo para los principios fundacionales de la EU recogidos en el Artículo 2 del TEU.


Ataques a la libertad de prensa


Finalmente, el gobierno húngaro amenaza a la libertad de prensa desde la llegada al poder, en 2010, de Viktor Orbán. Las restricciones al pluralismo mediático y la libertad de prensa han tomado varias formas, incluida la nueva legislación que pone en serio riesgo la libertad de expresión y afecta a la libertad de los medios, al incluir un control gubernamental sobre los medios públicos y aumentar la presión económica a los privados, que ha llevado a muchos a un incremento de su autocensura.


El último ataque al pluralismo mediático se ha dado hace unos pocos meses, en octubre de 2016, con el cierre de las ediciones impresas y online del periódico de oposición Népszabadság. Pese a que los propietarios explicaron que la suspensión se debía exclusivamente a temas financieros, para evidente que el cierre del medio más influyente de la izquierda libertad tuvo una motivación política.

 

Resolución del Parlamento Europeo


Tras el debate del Parlamento Europeo sobre la situación en Hungría del 26 de abril, pedimos una respuesta contundente y efectiva, crítica con los continuos ataques del gobierno húngaro a las instituciones independientes, incluidas las instituciones académicas, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Estos ataques violan la legislación europea, la internacional y los estándares en materia de derechos humanos. Deben ser firmemente condenados.


La gravedad de la situación actual y las medidas recientemente introducidas y propuestas requieren una nueva resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Hungría. Se suman a un panorama ya sombrío de Hungría, donde los controles y equilibrios democráticos han sido gravemente socavados y el estado de derecho está bajo grave amenaza.


Las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo sobre Hungría entre 2011 y 2015 no han sido respondidas y resueltas totalmente. Mientras, siguen surgiendo nuevos problemas, incluidos los arriba mencionados. No deben ser analizados como hechos aislados, sino como una muestra del constante deterioro de la ley y los derechos humanos desde hace años. Lo que ocurre hoy en Hungría es un ataque deliberado a varios grupos de la sociedad civil, en particular a aquellos que ya han sido marginalizados. La protección constitucional ha disminuido y las instituciones independientes están en riesgo de caer bajo el control gubernamental. Como resultado, la situación es de una amenaza sistemática al estado de derecho en Hungría donde la legislación que debería garantizar este respeto ya no actúa con efectividad para hacerlo.


Una nueva resolución del Parlamento Europeo debería pedir a las autoridades húngaras que rechacen la enmienda a la Ley de Educación Nacional Superior, firmada el 10 de abril, también conocida como “Lex CEU”. Además, el Parlamento Europeo debería condenar firmemente el proyecto de Ley de ONG y urgir al parlamento Húngaro a rechazarlo por representar una mayor amenaza a la sociedad civil en Hungría.


El Parlamento Europeo debería tomar nota de los recientes acontecimientos, unidos a los intentos previos de mermar el control y el respeto a los derechos humanos en Hungría, que constituyen una amenaza sistemática al estado de derecho de este estado miembro. La Comisión Europea debería actuar en la misma dirección.


La Comisión, en su compromiso con empezar o continuar sus investigaciones sobre posibles violaciones de la legislación comunitaria por parte de Hungría, debería dar un paso adelante con las acciones que recoge el Artículo 258 del Tratado de la UE, en particular las que tratan del tema del asilo. El Parlamento Europeo debería, con carácter de urgencia, pedir un análisis a la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE del cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de la nueva legislación propuesta. Pero, como sabe la Comisión, garantizar el cumplimiento de la legalidad no será suficiente para frenar este abuso, especialmente cuando el estado de derecho está bajo amenaza. El Parlamento Europeo debe por ello urgir a la Comisión Europea a que adopte plenamente su rol como guardián de los tratados y, como mínimo, someta a Hungría al análisis de su marco en la UE para garantizar el estado de Derecho.


También pedimos al Parlamento Europeo que lidere el camino para presentar una propuesta razonada al Consejo Europeo para que active el mecanismo de prevención que contempla el artículo 7 (1) del Tratado de la Unión para proteger los valores fundacionales que contempla la legislación europea y el Artículo 2 de dicho tratado.


Manteniendo los principios fundacionales de la UE, les urgimos a que todos los miembros de la Unión defiendan el rol de la sociedad civil en promover sociedades abiertas que respeten y protejan los derechos humanos y el estado de derecho. Las instituciones europeas deberían adoptar su papel en apoyar a la sociedad civil en Europa.


Atentamente


Julie Majerczak
Head of Brussels Office
Reporters without Borders


Dan Van Raemdonck
Secretary-General
FIDH
International Federation for Human Rights


Dominique Guibert
President
AEDH
European Association for the Defence of Human Rights


Iverna McGowan
Head of European Institutions Office And Advocacy Director
Amnesty International


Natacha Kazatchkine
Senior Policy Analyst
Open Society European Policy Institute


Philippe Dam
Advocacy Director for Europe and Central Asia
Human Rights Watch