GUATEMALA | Elecciones presidenciales: ¿cuál es el futuro de la libertad de expresión?

09.06.2019 12:47

 

Reporteros Sin Fronteras y la Asociación de Periodistas de Guatemala expresan su preocupación por el clima hostil que enfrenta la prensa en Guatemala de cara a las elecciones previstas para el próximo 16 de junio. Ambas organizaciones piden al próximo jefe de Estado que se haga cargo de la protección de los informadores. El balance del presidente saliente, Jimmy Morales, ha resultado desastroso en materia de libertad de prensa.


El domingo 16 de junio la ciudadanía guatemalteca participará en unas elecciones generales que elegirán a su próximo presidente y  representantes ante el Congreso de la República de Guatemala durante el periodo 2020-2024.


Cabe recordar el recrudecimiento de las hostilidades hacia la prensa en periodos electorales. El último de 2015 se saldó con una cifra de 11 casos de ataques a periodistas, incluidos tres asesinatos, según los datos del Observatorio de los Periodistas en el país.

 

En ese contexto, los periodistas de Guatemala se enfrentan a un escenario hostil para ejercer libremente su labor, caracterizado por la pasividad de los órganos de seguridad pública ante los casos de violencia contra comunicadores y la indiferencia del mandatario actual Jimmy Morales, que durante los tres últimos años ha utilizado constantemente sus alocuciones públicas para atacar y generar animadversión hacia la prensa. 

 

El momento convulso que atraviesa el país hace temer que estos actos, así como la utilización del derecho penal, las campañas de desprestigio en redes sociales y los ataques a páginas web, se repitan durante los próximos meses.

 

Violencia histórica contra la prensa


Las formas que emplean funcionarios y políticos locales en atacar a la prensa e intentar silenciar publicaciones, críticas o investigaciones que puedan comprometer sus aspiraciones de poder son diversas. Van desde la compra masiva de periódicos en determinadas zonas, hasta atentados contra periodistas o el cierre de informativos en medios locales.


La censura y la autocensura continúan siendo una de las principales problemáticas para la prensa en los departamentos. Los comunicadores evitan con frecuencia indagar o publicar temas relacionados con el crimen organizado, la malversación de fondos o actos ilícitos en instituciones públicas por las repercusiones que puedan sufrir, ellos o sus familias. Para los periodistas, los funcionarios y estructuras del crimen organizado son los principales censores de su trabajo, y sospechan, en numerosos casos, de la estrecha relación entre ambos, delincuentes y autoridades públicas.

 

Asimismo, los periodistas evitan denunciar pública o penalmente  actos en su contra por temor a sufrir una mayor represión, o por  desconfianza en las instituciones de justicia. En esa autocensura influye significativamente el escaso avance de las investigaciones, el elevado nivel de impunidad, el desinterés de las autoridades y la cooptación de los representantes de la justicia por parte de estructuras delincuenciales o actores políticos.

 

Programa de protección para los periodistas: una promesa en el cajón


En marzo de 2016 el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación Social, encargó a la Alianza de Entidades de Prensa -integrada por asociaciones de prensa nacionales y departamentales-, que elaborarán una nueva propuesta para iniciar la construcción del Programa de Protección a Periodistas.

 

La iniciativa despertaba la ilusión por crear un programa especializado en la seguridad del gremio, al dejar sin efecto el  programa iniciado por el anterior gobierno, que se había caracterizado por carecer de legitimidad y haber sido encabezado por una consultora sin experiencia, que actuaba de forma opaca y vedaba la participación de los comunicadores.


Pero la iniciativa presentada en marzo de 2016, y avalada en julio de ese mismo año por el Presidente, terminó, como muchas otras, en un cajón.


“Morales no solo incumplió su promesa de crear un Programa de Protección a Periodistas, sino que durante todo su gobierno fue creando un contexto adverso hacia los periodistas al acusarlos de difundir noticias falsas para confundir a la población y dañar la imagen del gobierno”, señala Miguel Ángel Juárez, presidente de APG.


Actitud oficial negativa hacia la prensa


RSF y la APG lamentan el deterioro de la postura del gobierno de Jimmy Morales hacia la prensa, por la constante confrontación y los constantes ataques públicos del mandatario hacia los medios de comunicación.


“Al contrario de lo que se pensaba al inicio de su gestión, con la promesa de puertas abiertas a la prensa y su apoyo manifiesto a la creación del Programa de Protección a Periodistas, Morales se ha convertido en el presidente más intransigente hacia las críticas e investigaciones de la prensa independiente” afirma Emmanuel Colombié, responsable de la oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras.


Morales se ha caracterizado también por evadir constantemente a los reporteros y rehusarse a responder preguntas por temas polémicos. Si, por un lado, el Presidente evita responder a los medios, por otro aprovecha sus alocuciones públicas para victimizarse ante los cuestionamientos de la prensa y asegurarse que únicamente se tratan de “fake news” que buscan perjudicar su imagen. Una postura que estimula actos violentos, o limitaciones de la labor de la prensa, a sus funcionarios o seguidores, bajo el argumento de que los periodistas difunden únicamente noticias tendenciosas.


Además existen hechos sospechosos que invitan a pensar en una posible participación estatal, como el robo del equipo  y pertenencias personales a miembros de Nuestro Diario y el canal Guatevisión, en julio de 2018.

 

También en abril de 2018,el periodista Henry Bin sufrió una campaña de difamación después de que una de sus investigaciones pusiera en evidencia la relación del Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, con internautas que operan perfiles falsos para atacar a los críticos de Morales.


Funcionarios cercanos a Morales también han utilizado sus recursos dentro del Estado para actuar contra periodistas y minar los esfuerzos logrados en favor de la seguridad de los informadores. A raíz de las críticas en su contra, en julio de 2018, la Canciller Sandra Jovel demandó penalmente al presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, por supuesta violencia contra la mujer en su forma psicológica.


Por su parte, el Ministro de Gobernación, Enrique Dehengart, desde el inició de gestión en 2018 se empeñó en socavar la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos, espacio en el que se discutían los ataques contra periodistas y se exigían acciones y rendición de cuentas a las autoridades del sector de la justicia.


Cambios en la Fiscalía


La solicitud de la APG a la nueva Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, para que se fortaleciera la oficina especializada en investigar los crímenes contra periodistas, no ha tenido ningún tipo de respuesta de la Fiscal General ni de los demás integrantes del Despacho Superior de la institución.


Porras, que tomó posesión en mayo de 2018, en sustitución de Thelma Aldana, tras ser electa para el puesto un mes antes por el Presidente Morales, ha hecho caso omiso a las solicitudes de la AGP, pese a estar también avaladas por la Fiscalía de Derechos Humanos.

 

Resulta más preocupante si cabe que haya prohibido a los fiscales de delitos contra periodistas y a la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos participar en una presentación organizada por la APG a finales de noviembre de 2018.


Desde que la creación de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas es la primera ocasión en que se prohíbe a sus fiscales participar en actividades organizadas por el Observatorio de los Periodistas y la APG. Un impedimento no impuesto ni en los convulsos momentos que atravesó el país en 2015.


RSF y la APG lamentan la actitud mostrada por la Fiscal General hacia las organizaciones de prensa y esperan que pueda rectificar su decisión en los próximos meses y no evadir las demandas de los periodistas.


Recomendaciones

 

Ante el inicio de la campaña electoral en Guatemala, RSF y la APG instan a los distintos candidatos presidenciales a:

 

Comprometerse públicamente a respetar la libertad de expresión de los periodistas y medios de comunicación y evitar pronunciar discursos que puedan exacerbar la violencia contra la prensa. Esperamos que este compromiso con la prensa guatemalteca no quede únicamente en el discurso político, sino que se convierta en una de las prioridades de la siguiente administración.


RSF y la APG instan a los distintos partidos políticos y comités cívicos a:

 

Instruir durante la campaña electoral a sus colaboradores, candidatos, correligionarios o cualquier persona que tenga relación con estas agrupaciones, en el respeto a la labor de los periodistas y medios de comunicación, para evitar cualquier incidente, como ha ocurrido en años anteriores.Desde la dirección de estas organizaciones debe existir una postura clara y firme de rechazo a cualquier acto de sus integrantes que pueda comprometer la seguridad o el acceso libre a las fuentes de información de los reporteros.


RSF y la APG instan además al próximo gobernante a:

 

No emplear de manera arbitraria los recursos públicos destinados a la publicidad oficial para castigar o favorecer a ciertos medios de comunicación por sus críticas o publicaciones en contra del gobierno central o políticos del partido oficial. La pauta oficial no debe utilizarse como chantaje para buscar modificar la línea editorial de los medios.

 

Evitar el discurso de confrontación, los ataques públicos y la difamación contra  los medios de comunicación y comunicadores sociales, sino, por el contrario, condenar públicamente cualquier acción que comprometa la seguridad de los periodistas o vulnere su derecho a la libertad de expresión, evitando cualquier mala práctica en contra de la prensa como ocurrió con la gestión de Morales.

 

Garantizar desde la Presidencia la puesta en práctica del Programa de Protección a Periodistas, evitando errores cometidos en el pasado, reconociendo los avances alcanzados en los últimos años y respetando el trabajo de la alianza de Entidades de Prensa en esta iniciativa.

 

Fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia encargadas de la seguridad de los periodistas e investigación de los hechos en su contra. No basta con aumentar el presupuesto de las entidades o sus recursos materiales, debe garantizarse el aumento del personal de la Fiscalía y los investigadores de Gobernación, procurar su profesionalización y estabilidad laboral, además de garantizar su independencia ante cualquier intento de presiones por actores políticos, poderes económicos o autoridades superiores.

 

El 3 de mayo pasado, Día Mundial de Libertad de Prensa, la APG emitió un informe sobre la situación de la Libertad de Expresión del primer trimestre del 2019.


Guatemala ocupa el puesto 116 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras.


Consulta más información sobre Guatemala en el Informe Anual elaborado por RSF-España.