CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 | ORIENTE MEDIO, desgarrado por los conflictos y los enfrentamientos políticos

25.04.2018 08:00

Los países que integran la zona de Oriente Medio se encuentran de nuevo al final de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF). La persistencia de los conflictos armados, las constantes acusaciones de terrorismo contra los periodistas y los medios de comunicación independientes, así como la vigilancia y la censura en Internet –que día a día gana terreno–, hacen que el trabajo de los periodistas sea muy peligroso en la región.


Los periodistas, víctimas directas de los conflictos

 

Los conflictos, sean armados o políticos, siguen siendo la principal amenaza para los periodistas de la zona. Cuando no son víctimas de bombardeos, de los disparos de francotiradores, de minas olvidadas o de secuestros, los periodistas son acusados de participar activamente en las crisis diplomáticas que sacuden la región.

 

Siria (177º) se estanca. En 2017 fueron asesinados 13 reporteros en el país. Hoy en día más de 20 periodistas y periodistas ciudadanos están secuestrados, lo que hace que Siria siga siendo el país más peligroso del mundo para la prensa y ocupe el último lugar de la zona Oriente Medio en la Clasificación. Siria se ha vaciado de periodistas y regiones enteras se han convertido en agujeros negros de la información.

 

En Yemen (167º), sumido en una guerra civil y en un conflicto internacional, la situación de inseguridad de los periodistas se ha acentuado y la desconfianza hacia ellos se ha generalizado. En este país los reporteros pueden ser acusados tanto de ser portavoces de los rebeldes hutíes, como de apoyar al gobierno reconocido internacionalmente, que recibe el apoyo de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos. Los reporteros son agredidos, detenidos y asesinados por las diferentes partes que se enfrentan en este conflicto, que empezó en 2014.

 

En Irak (160º, -2) los periodistas conocen una suerte similar, atrapados en el fuego cruzado de las facciones rivales. Además de padecer el conflicto abierto, la prensa también se enfrenta a una verdadera guerra de la información. Numerosos medios de comunicación se han visto obligados a cerrar y ha habido violentas agresiones a reporteros. Algunos de ellos afirman que padecen los ataques de políticos y de grupos armados implicados en casos de corrupción. Por su parte, los periodistas del Kurdistán iraquí se ven seriamente afectados por las tensiones generadas por el referéndum de independencia y las manifestaciones.

 

Este verano los gobiernos de Arabia Saudí (169º), los Emiratos Árabes Unidos (128º), Bahréin (166º) y Egipto (161º) decidieron imponer un bloqueo diplomático y económico a Catar (125º). Entre otras cosas, le exigen cerrar la cadena Al Jazeera, a la que acusan de haber cubierto de forma parcial las primaveras árabes, nutriendo así, con el paso de los años, una gran hostilidad hacia ellos. Numerosos periodistas del Golfo que no son cataríes también han sufrido presiones; algunos incluso se han visto obligados a renunciar a su trabajo en las cadenas de Catar, en las que varios de ellos trabajaban desde hacía décadas.

 

Acusaciones de terrorismo

 

Para el gobierno de Egipto (161º), como para otros de la región, la lucha contra el terrorismo se ha convertido en un as bajo la manga que le ha permitido reforzar el arsenal legislativo con el que reprime a los periodistas. Todos los medios de comunicación y periodistas independientes pueden ser acusados de terrorismo. Al menos 30 reporteros están encarcelados por este cargo, por hechos que, en realidad, están relacionados con su trabajo informativo. Las acusaciones son poco claras; a menudo se les juzga por pertenecer a un grupo terrorista o por la difusión de información falsa. Por acusaciones como esas algunos periodistas han permanecido dos años en detención preventiva. El fotorreportero Shawkan está encarcelado desde 2013; fue juzgado en un proceso masivo, junto con más de 700 acusados, y la fiscalía acaba de solicitar que algunos de ellos sean condenados a la pena de muerte.

 

En Arabia Saudí, el discurso de apertura del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, aún no se han traducido en hechos que mejoren la situación de la libertad de prensa. En 2017 decenas de activistas, opositores y periodistas fueron interpelados por las autoridades.

 

En Israel (87º) es común que las autoridades usen como argumento la lucha antiterrorista para reprimir a los periodistas. De nuevo en 2017 la sospecha de que algunas cadenas colaboraban con Hamás bastaron para que el ejército israelí cerrara medios de comunicación o detuviera a periodistas, como Amir Abou Aram y Alaa Al Titi, que permanecieron dos meses en detención administrativa a finales de 2017.

 

Las autoridades de Bahréin (166º) también se valen de este pretexto para mantener encarcelados a periodistas que revelaron información que el gobierno habría preferido ocultar. Es el caso del fotógrafo Ahmed el-Mousawi, quien cumple una pena de diez años de prisión por “proporcionar tarjetas SIM” a “personas implicadas en actos terroristas”, cuando cubría las manifestaciones de la oposición. Nabeel Rajaab, bloguero y defensor de los derechos humanos, fue condenado en febrero a cinco años de prisión por tuits que publicó en 2015 en los que hablaba de la intervención de la coalición árabe en el conflicto en Yemen y de casos de tortura en Bahréin.

 

Leyes contra los delitos informáticos

 

En este ambiente particularmente hostil para los periodistas, Internet seguía siendo el único espacio donde existía una relativa libertad de información. Los regímenes represivos de la región se dieron cuenta de ello, por lo que comenzaron a dictar leyes contra el cibercrimen para hacer callar a las publicaciones digitales y a los periodistas ciudadanos.

 

Los Emiratos Árabes Unidos (128º) descienden 9 posiciones. En 2017 las autoridades arrestaron y mantuvieron detenido en secreto al periodista ciudadano Ahmed Mansoor, acusado de haber desacreditado al país en las redes sociales al publicar “información falsa, rumores y mentiras”.

 

También en Irán (165º) cada vez es más difícil para los periodistas ciudadanos escapar a la censura. El régimen teme la transmisión y difusión de información libre e independiente, que considera un intento inadmisible de “subversión”. Debido al control que ejerce el gobierno en los medios de comunicación tradicionales, los periodistas ciudadanos, activos en las redes sociales, son parte fundamental de la lucha por una información libre y un cambio político en Irán. No obstante, es muy arriesgado ir contra la voluntad del régimen, que busca mantener un apagón informativo. Irán sigue siendo una de las mayores prisiones del mundo para los periodistas y los periodistas ciudadanos: actualmente una veintena de ellos está tras las rejas.

 

Algunos Estados censuran Internet incluso antes de que se aprueben leyes que les permitan justificar esto actos. En Palestina (134º), en junio de 2017 la Autoridad Palestina bloqueó los sitios web de varios medios de comunicación poco antes de que se promulgara la ley contra el cibercrimen (en julio). El verano pasado el gobierno de Egipto bloqueó más de 500 sitios web, entre ellos los de ONG locales e internacionales, como RSF, así como decenas de portales informativos; mientras tanto, estudia el contenido de una ley contra los delitos informáticos.

 

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