Reporteros Sin Fronteras pide a la próxima Presidenta de Chile -que saldrá de la segunda vuelta de las elecciones, el próximo 15 de diciembre- que tenga como prioridad una nueva regulación del sistema de comunicación ante el veto presidencial a la Ley de Televisón Digital. La organización he tenido acceso a los argumentos esgrimidos vara ello y denuncia la primacía en ellos de los algunos intereses económicos frente a un verdadero pluralismo mediático en la legislación vetada.
Los más afectados por el veto presidencial son los medios de comunicación comunitarios a quienes, inicialmente, la ley otorgaría una porción del espacio de frecuencias, así como los medios de comunicación locales y regionales. El veto elimina la cláusula que excluía a los medios de comunicación dedicados al proselitismo religioso como futuros concesionarios, que ahora podrán obtener concesiones como parte de los canales comunitarios.
La presidenta internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), María Pía Matta, ha calificado de “desastre” para los medios comunitarios la nueva decisión sobre la ley de Televisión Digital y ha lamentado que los grupos evangélicos puedan valerse del término “comunitario” para obtener concesiones “cuando no tienen ninguna vocación informativa”, denuncia Matta. “Es un revés tanto para el pluralismo como para nuestro estatuto”, añade.
El veto también elimina otra disposición de la ley que otorgaba regionalmente dos señales a la Televisión Nacional de Chile (TVN) en lugar de una. Esta doble concesión habría permitido al canal público, además de trasmitir sus programas, difundir las señales de programadores locales que no tenían medios para una transmisión propia. Finalmente, la TVN tendrá sólo una concesión en nombre del “pluralismo”. Entre los puntos más polémicos se encuentran también el tiempo dedicado a la programación cultural, que el veto limita a cuatro horas en lugar de las “al menos cuatro horas” que preveía la versión inicial del texto.
“Para retornar al texto inicial de la ley, contra el veto presidencial, según la Constitución [adoptada en 1980, bajo la dictadura –Ndlr] debe alcanzarse un quórum de dos tercios de los diputados y de los senadores en cada Cámara del Congreso cuando se vuelva a votar”, explica María Pía Matta. “Así que, ¿qué otra opción queda ante tal bloqueo sino una nueva ley?”, se pregunta.
